México reconoce decisión de corte de EU sobre leyes Alabama y Georgia - Milenio.com
Ciudad de México • El gobierno de México reconoció la decisión de la Corte de Apelaciones del 11 Circuito en Estados Unidos de suspender la entrada en vigor de ciertas disposiciones de las leyes HB56 de Alabama y HB87 de Georgia.
Sin embargo, lamentó que la Corte de Apelaciones no haya encontrado en este momento elementos para invalidar las secciones en ambas leyes que facultan a las autoridades estatales, en casos de detención o arresto y bajo ciertas circunstancias, a verificar la condición migratoria de las personas.
En un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se indicó que organizaciones civiles estadounidenses anunciaron su intención de impugnar dichas secciones una vez que entren en vigor.
De esta forma, el gobierno de México, a través de su embajada en Estados Unidos y del consulado general de México en Atlanta, continuará manteniendo debidamente informada a las comunidades mexicanas en Alabama y Georgia.
La cancillería indicó que ambas representaciones explicarán a los mexicanos en esas regiones de los alcances y efectos de las decisiones adoptadas el lunes y sobre las que se tomen en las siguientes etapas de los juicios en curso.
Asimismo, seguirá instrumentando todas las acciones legales, políticas y diplomáticas a su alcance para defender los derechos fundamentales de los connacionales en la Unión Americana, sin importar su condición migratoria.
La SRE explicó que la corte confirmó la suspensión, entre otras, de la Sección 28 de la Ley HB56 de Alabama que requería la obtención de información sobre la situación migratoria de los nuevos estudiantes que se inscribieran en las escuelas del estado.
La instancia judicial concluyó que dicha sección viola la cláusula de protección igualitaria de la ley e interfiere indebidamente con el derecho constitucional de los menores de edad a la educación.
A su vez decidió suspender, entre otras, la sección de la misma ley que establece el no reconocimiento judicial de los contratos celebrados con indocumentados.
En el caso de ambas legislaciones, se determinó que no podrían entrar en vigor las secciones que criminalizaban transportar o albergar inmigrantes indocumentados o inducirlos a ingresar a territorio de ambos estados.
Ciudad de México • El gobierno de México reconoció la decisión de la Corte de Apelaciones del 11 Circuito en Estados Unidos de suspender la entrada en vigor de ciertas disposiciones de las leyes HB56 de Alabama y HB87 de Georgia.
Sin embargo, lamentó que la Corte de Apelaciones no haya encontrado en este momento elementos para invalidar las secciones en ambas leyes que facultan a las autoridades estatales, en casos de detención o arresto y bajo ciertas circunstancias, a verificar la condición migratoria de las personas.
En un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se indicó que organizaciones civiles estadounidenses anunciaron su intención de impugnar dichas secciones una vez que entren en vigor.
De esta forma, el gobierno de México, a través de su embajada en Estados Unidos y del consulado general de México en Atlanta, continuará manteniendo debidamente informada a las comunidades mexicanas en Alabama y Georgia.
La cancillería indicó que ambas representaciones explicarán a los mexicanos en esas regiones de los alcances y efectos de las decisiones adoptadas el lunes y sobre las que se tomen en las siguientes etapas de los juicios en curso.
Asimismo, seguirá instrumentando todas las acciones legales, políticas y diplomáticas a su alcance para defender los derechos fundamentales de los connacionales en la Unión Americana, sin importar su condición migratoria.
La SRE explicó que la corte confirmó la suspensión, entre otras, de la Sección 28 de la Ley HB56 de Alabama que requería la obtención de información sobre la situación migratoria de los nuevos estudiantes que se inscribieran en las escuelas del estado.
La instancia judicial concluyó que dicha sección viola la cláusula de protección igualitaria de la ley e interfiere indebidamente con el derecho constitucional de los menores de edad a la educación.
A su vez decidió suspender, entre otras, la sección de la misma ley que establece el no reconocimiento judicial de los contratos celebrados con indocumentados.
En el caso de ambas legislaciones, se determinó que no podrían entrar en vigor las secciones que criminalizaban transportar o albergar inmigrantes indocumentados o inducirlos a ingresar a territorio de ambos estados.